El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, administradores y responsables de la operación del reconocido establecimiento Jet Set Club, a quienes se les imputa responsabilidad penal directa en el colapso del techo que provocó 236 fallecimientos y dejó cerca de 100 heridos, un hecho que ha sido catalogado como una de las mayores tragedias estructurales en la historia reciente del país.
Según el expediente de 156 páginas, la Fiscalía establece que ambos enfrentan cargos por homicidio involuntario masivo y golpes y heridas involuntarias, conductas tipificadas en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano, en relación con las múltiples decisiones irregulares que derivaron en la debilitación progresiva de la infraestructura del establecimiento.
🔎 ¿De qué acusa el Ministerio Público a Antonio Espaillat López?
El Ministerio Público señala que Antonio Espaillat incurrió en negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos técnicos y municipales, acciones que —según el documento— comprometen directamente la estabilidad estructural del edificio y contribuyeron al colapso final. Entre los hallazgos principales del expediente figuran los siguientes:
✔ 1. Eliminación de una columna estructural clave
El documento sostiene que Jet Set no contaba con planos originales, lo que llevó al arquitecto Antonio Segundo Imbert a realizar un levantamiento previo.
Durante esta evaluación, el arquitecto identificó una columna estructural que posteriormente fue eliminada.
El propio Antonio Espaillat habría indicado al profesional que la columna había sido retirada como parte de las remodelaciones. Cuando Imbert regresó a inspeccionar la fase final de los trabajos, confirmó que la pieza había sido removida definitivamente.
Esta eliminación —señala el Ministerio Público— afectó la integridad del sistema de carga del techo.
✔ 2. Modificaciones realizadas sin permisos de la Alcaldía
El expediente detalla que los imputados efectuaron intervenciones estructurales significativas sin tramitar permisos ante la Alcaldía del Distrito Nacional, violando el artículo 8 de la Ley 6232 sobre construcción y uso de estructuras.
Las obras se ejecutaron sin proceso de aprobación, sin supervisión técnica municipal y sin certificación de seguridad.
✔ 3. Obras sin expediente técnico ni inspecciones oficiales
Los acusados, señala la Fiscalía, no sometieron expediente técnico, ni solicitaron inspecciones regulatorias obligatorias.
Como resultado, todas las intervenciones realizadas en el techo y las remodelaciones generales quedaron fuera del control institucional, lo que eliminó cualquier posibilidad de advertencia temprana de las fallas que se estaban acumulando.
✔ 4. Sobrecarga progresiva del techo
La investigación detalla que sobre el techo del establecimiento se instalaron de forma continua, desordenada y sin evaluación especializada diversos equipos pesados:
Aires acondicionados industriales Tinacos y sistemas de agua Ductos metálicos Casetas y equipos técnicos Sistemas adicionales de ventilación Estructuras improvisadas añadidas con el paso del tiempo
Estas cargas incrementadas, afirma el expediente, no fueron evaluadas por un ingeniero estructural, ni consideradas dentro de un cálculo técnico.
El peso acumulado habría acelerado el deterioro y generado microfracturas que no fueron atendidas de manera profesional.
✔ 5. Reparaciones improvisadas y falta de intervención profesional
A pesar de que, según la acusación, Antonio Espaillat conocía el deterioro progresivo del techo, se optó por realizar reparaciones informales, improvisadas y “sin criterios técnicos”, en lugar de ejecutar una intervención estructural definitiva que pudiera detener el avance del daño.
✔ 6. Responsabilidad operativa directa
El peritaje técnico incluido en el expediente establece que Antonio Espaillat tenía:
Responsabilidad sobre las decisiones estructurales Autoridad sobre las remodelaciones ejecutadas Control operativo sobre la instalación de los equipos que aumentaron la carga Supervisión directa de los contratistas no calificados
Los peritos indican que todas las intervenciones irregulares fueron realizadas con su conocimiento y aprobación.
✔ 7. Motivación económica según el Ministerio Público
El expediente concluye señalando que varias de las decisiones adoptadas tenían el propósito de aumentar la capacidad operativa del negocio y, con ello, las ganancias, sacrificando la seguridad y sin cumplir con los estándares mínimos de
Leave a Reply