El rapero Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, vuelve a enfrentar un momento crítico en su historial judicial luego de que autoridades federales de Estados Unidos solicitaran su regreso inmediato a prisión. La petición se produce tras varias nuevas violaciones a las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de su caso federal de crimen organizado.
De acuerdo con documentos judiciales recientes, Tekashi admitió haber cometido múltiples incumplimientos que van desde viajes no autorizados, fallas en pruebas de drogas, hasta la posesión de sustancias ilícitas luego de un allanamiento realizado en su residencia de Miami, donde fueron hallados restos de cocaína y MDMA.
El juez federal Paul A. Engelmayer, quien lleva el caso del artista desde su condena por asociación con la pandilla Nine Trey, reprochó la actitud del rapero y afirmó que su conducta demuestra una falta de respeto a las reglas impuestas por la corte. En noviembre de 2024, Engelmayer ya lo había sancionado con 45 días de cárcel por cinco violaciones previas, además de imponerle un mes de arresto domiciliario, otro mes de detención supervisada y un periodo adicional con monitoreo electrónico.
La situación actual se agrava luego de que Tekashi aceptara su culpabilidad por la posesión de drogas, lo que podría aumentar de forma significativa su tiempo en prisión. Las guías federales contemplan una posible sentencia de entre 3 y 9 meses, pero el juez conserva la facultad de imponer hasta 5 años de cárcel, dependiendo de la valoración final del caso.
Durante la audiencia más reciente, el rapero expresó estar “decepcionado” de sí mismo y aseguró que no tiene intención de continuar violando la ley. Aun así, la Fiscalía considera que los repetidos incumplimientos justifican su retorno inmediato a prisión mientras se define su sentencia final.
Con este nuevo episodio, la situación legal de Tekashi 6ix9ine vuelve a ocupar titulares y deja en evidencia el inestable camino que ha seguido desde su liberación anticipada en 2020, cuando cooperó con las autoridades federales para reducir una condena que inicialmente superaba las cuatro décadas.
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